Sedesol cometió irregularidades en el 19s

El 7 y 19 de septiembre de 2017 la historia de México quedó marcada por los sismos que azotaron diferentes estados del país, dejando más de 400 muertos y millones de afectados. Las autoridades, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil tuvieron que reaccionar a un miedo latente desde hace tres décadas: otro terremoto tan devastador como el del 19 de septiembre de 1985. Lo que definitivamente nadie esperaba era que sucediera exactamente el mismo día 32 años después.

El trauma del 1985 impulsó la creación de muchos protocolos. Así como cualquier niño mexicano sabe que cuando suena la alarma sísmica,“no corro, no empujo y no grito”; una de las prioridades del estado fue la seguridad alimentaria y cómo preservarla durante una contingencia.

Como reacción a los sismos de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), activó el numeral 7 de los Lineamientos del Programa Comedores Comunitarios: “el protocolo de atención a emergencias cubriendo de manera emergente las zonas dañadas por los siniestros del 7 y 19 de septiembre 2017, esto apremió el proceso de entrega de abasto y equipamiento respectivamente”, según respondió la extinta secretaría a una solicitud de información presentada para el proyecto Contratos del Desastre, del que forma parte este reportaje y que se publica a 18 meses del último sismo.

Diconsa, con quien Sedesol tenía un convenio desde 2016 para que la primera se encargara del abasto y equipamiento de los comedores comunitarios, sí tiene un Manual de Políticas y Procedimientos para el Abasto de Programas Especiales y la Atención de Emergencias desde 2006 , actualizado en 2012. El manual iba a ser actualizado nuevamente un año antes del sismo, pero por orden de Juan Manuel Valle Pereña, entonces director general de Diconsa, no se hizo. El manual no establece una ruta de acción específica para los desastres, más bien se limita a indicar a las áreas cómo deben comunicarse entre si.

En ese contexto, Sedesol destinó 87,485,829.42 pesos para que Diconsa mantuviera y abasteciera 875 comedores comunitarios para hacer frente en los estados afectados: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, según información obtenida vía transparencia. Del total de comedores, 732 fueron fijos y 143 emergentes.

El dinero fue repartido conforme a la cantidad de comedores en cada estado

Los testimonios recabados para este reportaje varían desde quienes aseguran que Sedesol y Diconsa actuaron bien, hasta quienes señalan que la comida no era de la calidad deseada. Pero a través del análisis de la información pública disponible, y la obtenida para Contratos del Desastre, se encuentran distintas irregularidades que sucedieron desde las dependencias, no así dentro de los comedores comunitarios ni desde sus voluntarias encargadas de alimentar a personas de escasos recursos.

Los números no cuadran y las fuentes de información se contradicen. Pasado un año del desastre, las dependencias del gobierno presumieron de transparencia, al supuestamente proporcionar a la plataforma Fuerza México, mediante la Plataforma Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información de cómo reaccionaron ante la emergencia y las acciones para la reconstrucción.

En el sitio de Fuerza México se encuentran dos bases de datos sobre comedores comunitarios, que incompletas, dan datos sobre la ubicación de 86 comedores usados durante la emergencia, así como de los beneficiarios del programa. Sin embargo, ante una solicitud de información presentada a la todavía Sedesol y ahora llamada Secretaría de Bienestar, la dependencia negó que ellos hayan proporcionado esa información a Transparencia Presupuestaria.

La propia Sedesol se contradice en sus respuestas a solicitudes de información presentadas para esta investigación. De los 875 comedores que se usaron para atender la emergencia, al momento de la solicitud, 735 seguían operando (17 ya no estaban operando y 123 no se sabe); según una respuesta vía transparencia. Pero de acuerdo con la respuesta a otra solicitud de información, sólo seis comedores seguían operando, y todos ubicados en Chiapas.

El problema de documentar y medir la calidad de la operación de los comedores comunitarios fue una constante durante la existencia del programa, desaparecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin previo aviso a las voluntarias y a los beneficiarios.

LEE: Desaparecen los 5,542 comedores comunitarios de sedesol

La ASF encontró que para diciembre de 2017, 957 comedores atendieron a más de 120 personas cada uno (el supuesto máximo permitido), de los cuales 324 atendieron “a la población en los municipios y estados declarados zonas de emergencia en 2017 por sismos y eventos meteorológicos, sin que la Dirección General de Participación Social (DGPS) acreditara que contó con el expediente técnico correspondiente que justifique que el incremento en el número de beneficiarios se originó por dichas eventualidades”.

El Manual Esfera, que plantea las medidas mínimas para la respuesta humanitaria en desastres, marca que las dependencias u organizaciones de la sociedad civil que garanticen la seguridad alimentaria, deben “determinar quiénes son los beneficiarios y sus características, y calcular su número, desglosado por sexo y edad”.

Sedesol no siguió ningún principio parecido. Negó saber cuántas personas se beneficiaron de los comedores comunitarios del 7 de septiembre al 24 de octubre (periodo referido en las solicitudes de información), ni en qué proporción fueron hombres o mujeres, ni cantidad de usuarios nuevos. También desconoce cuántas raciones diarias fueron dadas, así como las fechas de apertura y cierre de los comedores emergentes. “En razón a la naturaleza del evento que no permitió un registro de la información a ese detalle”, respondió la secretaría ante cada detalle desconocido.

Según el convenio entre Sedesol y Diconsa, cada mes Diconsa proporcionaría un abasto de hasta 61,000 pesos a cada comedor. Además, instalaría nuevos comedores con equipamiento por hasta 150,000 pesos. Para la emergencia de los sismos, Diconsa hizo 149 pedidos de emergencia por 39.3 millones de pesos, entre el 13 de septiembre y el 28 de noviembre de 2017, según los contratos recibidos vía transparencia.

“Sedesol nos mandó abasto emergente para ir a dar atención a las zonas afectadas. Fuimos a Tláhuac, aquí en los albergues de Iztapalapa y alrededores. En Lomas Estrellas, en la calle 11 y en Coyoacán en Miramontes. Aquí preparábamos la comida y venía una camioneta y nos llevaban a dar la comida. En el abasto emergente venía frijol, agua, leche, galletas, soya y guisados. Estuvimos yendo hasta que se acabó el abasto. Fueron como 10 días”, dice Rosita Estefanía Morales, vocal de alimentación del comedor Las Luces, en Iztapalapa.

No todas cuentan la misma historia. Epifanía López, voluntaria del comedor 09-0003, ubicado en Milpa Alta, Ciudad de México, asegura que su comedor llevó apoyo a San Gregorio, una de las zonas más afectadas por el sismo del 19 de septiembre en la capital del país, pero no les llevaron nuevo abasto.

“Dijeron que los comedores que apoyaran con comida preparada, no despensa, como se hizo en San Gregorio, tomáramos fotos - de hecho, yo tengo fotos de esa vez- y que cuando viniera el supervisor, le enseñáramos, para que nos repusieran, y no, ya no lo dieron”, dice López.

Morelos es otro caso de las irregularidades. Para atender la emergencia del sismo del 19 de septiembre, Sedesol destinó a ese estado, donde murieron 74 personas, 1.8 millones de pesos para abastecer e instalar 17 comedores: 3 fijos y 14 emergentes. Pero Diconsa no entregó un sólo vale de abasto para ninguno de esos comedores desde septiembre hasta noviembre de 2017, como se pudo comprobar con los vales de abasto que emitió Sedesol y abasteció Diconsa entre el 7 de septiembre y el 24 de octubre, proporcionados por la dependencia como respuesta a una solicitud de información para esta investigación.

Diego Rodríguez, chef en Jojutla en Morelos, fue voluntario y encargado de un comedor del DIF durante la contingencia. Recuerda haber visto el comedor Niños Héroes, reportado como emergente por Sedesol en las respuestas a solicitudes de información.

El comedor que dirigía Rodríguez también recibió productos de Sedesol, pero afirma que ni esa dependencia ni Diconsa procuraron que los alimentos fueran acordes con los gustos de los afectados.

Según el Manual Esfera, “durante la evaluación y elaboración del programa, (se debe) consultar a las personas afectadas por el desastre acerca de la aceptabilidad, familiaridad e idoneidad de los productos alimenticios, y velar por que los resultados de esas consultas se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la elección de tales”.

De acuerdo con Rodríguez, “llegaban bolsas y bolsas de soya, despensas elaboradas, latas de frijoles tipo americano, frijoles dulces y cosas así. Mucha cosa preparada, machaca, carne seca de res. A la gente no le gusta, y menos en un desastre, cuando lo que más quieres es comidita casera. Lo que se de a los comedores debe ser algo que vaya con la dieta diaria. En la contingencia sufres emociones, malestar estomacal, hueco en el estómago, estás irritado y la dieta descontrola el metabolismo”, dice el también profesor.

La ASF también lo apuntó en la evaluación del programa en general: Con o sin emergencia, Sedesol no probó que los alimentos que debía comprar y repartir Diconsa a los comedores, cubrieran las necesidades nutrimentales, ni fueran adecuados a “los gustos, costumbres y cultura de los beneficiarios con el fin de garantizar una alimentación y nutrición de calidad a la población que asiste a los Comedores Comunitarios”.

25 proveedores son los que se beneficiaron con los pedidos hechos por Diconsa por adjudicación directa debido a la emergencia, y que proporcionaron atún, sardinas, pollo con diferentes preparaciones, leche, atole, harina de maíz, barra de frutas, aceite, vegetales deshidratados, chilorio de cerdo y chile jalapeño, entre otros productos.

La empresa que se llevó más dinero fue RMG Internacional: 7,014,010 pesos con 8 contratos para proveer bolsas de pollo preparado de diferentes formas y bolsas de picadillo. Clase Agroindustrial fue el que tuvo más contratos, 17 por 1,568,173 pesos, para dar especias, pasas, puré de tomate, consomé de pollo y mole en pasta.

Una de las observaciones de la ASF en su última revisión a los comedores comunitarios, fue que durante 2017 ni Sedesol ni Diconsa probaron que las empresas contratadas fueran quienes tenían los mejores precios o la mejor calidad de productos, además de que a lo largo de la existencia del programa, se contrataron mayormente a comercializadoras y no a fabricantes directos.

Esa conducta se repite para los proveedores del abasto de emergencia. De las 25 empresas contratadas, 12 son comercializadoras, 7 fabricantes, 4 mixtas y 2 no pudieron ser determinadas. Dentro de las fabricantes, está Marindustrias, subsidiaria de Grupomar, fabricante de atún Tuny, señalada recientemente junto con otras marcas de atún por contener soya sin anunciarlo en sus etiquetas. Esa empresa ganó 7 contratos por 1.6 millones, para vender atún enlatado. También figura Jumex, a través de su subsidiaria Comercializadora Eloro, que obtuvo 2 contratos por 86,044 pesos.

El atún es un caso emblemático de las fallas en la logística de las compras aquellos días y lo que finalmente fue dado bajo la etiqueta de “abasto emergente”. Entre el 14 de septiembre y el 24 de octubre, se hicieron 7 contratos con Marindustrias, S.A. de C.V., de Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, para comprar 15,836.2 kilogramos de atún, con motivo de la emergencia. Las Unidades Operativas de Diconsa desde donde se hicieron los pedidos fueron: Sur por 556.92 kg, Sureste por 999.92 kg y Oaxaca por 14,280 kg.

Es decir, la unidad que más contrató fue la ubicada en Oaxaca; sin embargo, la mayor parte de lo que se repartió fue para la unidad Sureste, que se ubica en Chiapas. En ese estado se dieron 13,189 kg de atún.

Además, Diconsa entregó como respuesta a una solicitud de información, vales de entrega de abasto de emergencia donde se suman otros 9,034 kg de atún entregados para los comedores de la Unidad Operativa Metropolitana: Ciudad de México y Estado de México, que no registraron compras de atún por la emergencia. En algunos casos en el Estado de México se dio atún fuera de proporción con respecto a la cantidad de beneficiarios. Mientras que en Cuajimalpa, Estado de México, se dieron 13 kilos para 120 personas; en un comedor del Edomex se dieron 17 kilos para 71 beneficiarios.

Tanto Chiapas como Ciudad de México y Estado de México registraron entregas tardías, en su mayoría por un mes, pero en un caso la entrega de atún se hizo siete meses después de lo programado.

Sin emergencia no hay atún. Ese producto, que tanto gustaba a las voluntarias y beneficiarios de los comedores, según informaron, fue retirado del abasto desde mediados de 2018, cuando empezaron a recortar la cantidad de alimentos proporcionados.

El Programa Comedores Comunitarios fue uno de los que desapareció con el gobierno entrante. La nueva Secretaría de Bienestar no se ha pronunciado sobre el futuro de las voluntarias ni de los beneficiarios, así como tampoco ha presentado un plan para conservar la seguridad alimentaria en caso de desastre. La Secretaría de Bienestar no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.