El convenio irregular del Cambray II

Una comunidad a solo 10 minutos de una de las zonas más ricas de la ciudad de Guatemala quedó completamente soterrada el 1 de octubre de 2015. Para atender a los damnificados y darles un lugar donde vivir el Congreso de Guatemala aprobó un fondo de 20 millones de quetzales y un estado de calamidad que permitía que el gobierno hiciera compras directas, sin ningún proceso de licitación pública.

Este decreto, que canceló las regulaciones y procedimientos de contratación, abrió la puerta a una serie de errores que retrasaron más de 730 días la entrega de las viviendas a los afectados.

El presidente interino en ese momento, Alejandro Maldonado, ofreció 11 días después del desastre que construiría casas para todos los afectados. Prometió que estarían listas el 24 de diciembre de ese mismo año para que las familias tuvieran una casa para “comer un tamal” y celebrar la Nochebuena.

“Se hará todo lo posible para que las casas estén finalizadas en diciembre, para que las familias puedan pasar la Navidad bajo el techo de sus nuevos hogares”, fueron sus palabras. Pero conseguir un terreno, censar a los damnificados y construir una urbanización con casi 200 casas en sólo 73 días no era posible, y para lograrlo olvidaron un paso: firmar contratos que les permitiera pagar a las empresas.

En lugar de hacer contratos se firmó un convenio, una figura no contractual, y que no generaba ninguna obligación administrativa. El documento fue firmado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de la Defensa, dos organizaciones privadas que estaban donando dinero: Fundación Ronald Mcdonald y TECHO, dos empresas que serían los proveedores del material de construcción: Cementos Rocafuerte,S.A,

Mezcladora, S.A (ambas propiedad de Cementos Progreso) e Inpro, la empresa que se encargaría de construir las casas.

El convenio era útil para las fundaciones que donaron dinero y para los ministerios que tenían que organizar el trabajo conjunto, pero no para la ejecución de fondos gubernamentales.

Alejandro Maldonado asumió como presidente interino de Guatemala solo 28 días antes del desastre del Cambray II. El gobierno se encontraba al borde del colapso tras la captura del presidente, Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta, Roxana Baldetti. Había decenas de capturas de funcionarios y empresarios involucrados en procesos de contratación fraudulentos y un gobierno paralizado por el miedo a recibir acusaciones de corrupción.

El abogado tenía experiencia como Ministro de Educación, diputado, embajador de Guatemala ante Naciones Unidas y magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Pero no tenía experiencia en manejo de desastres naturales. Según él, 73 días eran suficientes para construir una urbanización que albergara 181 casas.

Maldonado ordenó al ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda, Víctor Corado, que hiciera todo lo posible para que su promesa se cumpliera. Para hacerlo, Corado debía aprovechar los permisos que le otorgaba el estado de Calamidad Pública decretado por el Congreso de la República el 21 de octubre. El decreto permitía saltarse la mayoría de procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones y autorizaba usar fondos para la construcción del proyecto de urbanización para los damnificados. Pero ningún gobierno guatemalteco había ejecutado una obra de este tipo en tan poco tiempo.

El Congreso asignó 20 millones de quetzales (unos dos millones y medio de dólares), del fondo común del gobierno que maneja el Ministerio de Finanzas Públicas, para atender la emergencia y la reconstrucción. La mitad del dinero fue asignado al Ministerio de Comunicaciones y la otra mitad al Ministerio de Defensa.

Además la Fundación Ronald Mcdonald, del restaurante de comida rápida Mcdonald’s, y la organización TECHO aportarían 1 millón 700 mil quetzales y 1 millón 32 mil quetzales, respectivamente.

La fórmula que encontró el gobierno de Alejandro Maldonado fue que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargaría de construir la urbanización: calles, electricidad, posteado, alumbrado público, red de agua potable, sistema de drenajes, banquetas, planta de tratamiento y muro perimetral. Las 181 viviendas serían construidas por la empresa Inpro.

Para seleccionar a Inpro usaron la recomendación de Cementos Progreso, la empresa de cemento más grande del país y que también sería proveedora de este proyecto.

Karina Moll, viceministra de vivienda durante el desastre, en una entrevista para El Intercambio dijo que desde el Ministerio de Comunicaciones se creó una mesa de transparencia para analizar las ofertas recibidas para la construcción de viviendas.

Pero no hay ninguna constancia de las otras ofertas recibidas, ni en el convenio y la valoración que hicieron. Según pudo confirmar El Intercambio en una entrevista con Goyo Saavedra, exgerente general de TECHO, y quienes pagarían por los materiales de 45 casas, nunca se les dio otra opción ni se les explicó porque Inpro fue seleccionada.

Inpro jamás había trabajado proyectos del gobierno, nunca había sido contratista pero tenía experiencia en proyectos privados de viviendas en serie. Al nunca haber trabajado con el Estado, la empresa no estaba en el listado de contratistas del Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones. La ley de Compras y Contrataciones prohibía, en ese momento, contratar a empresas que no estuvieran pre aprobadas en este registro. Pero aún así las autoridades decidieron continuar.

Carlos Barillas, el ex viceministro de vivienda, cuenta que cuando él tomó el puesto muchos de estos cupones estaban guardados en una caja fuerte, ya que si alguno se perdía, no había manera de reemplazarlo. Además de los cupones, TECHO y la Fundación Ronald Mcdonald también pagaron por cemento a estas dos empresas, lo correspondiente al pago del cemento necesario para la construcción de 106 casas, más de 2 millones de quetzales.

Los planos de las casas fueron elaborados desde la Presidencia de la República. El terreno para cada familia tiene 92 metros cuadrados, y las casas de 53 metros cuadrados tienen 3 habitaciones, un baño, un espacio conjunto de sala, comedor y cocina y un patio trasero.

En los planes originales no incluían espacio para estacionar un vehículo frente a la casa, pero según relata el expresidente a sugerencia de su esposa se dejó el espacio porque esas familias “van a prosperar con el tiempo”.

Danilo Romero fue el arquitecto que diseñó las viviendas y él también confirma que el diseño de las casas fue guiado por Cementos Progreso, la misma empresa que sugirió a Inpro para construirlas. Según él, se hizo así porque es el mismo modelo que ellos utilizaban en la construcción de una urbanización privada. “Era prometedor y alentador para la gente pero constructivamente era casi imposible hacerlo”, responde en una entrevista sobre el plazo de 74 días que prometió el presidente.

Las familias afectadas fueron trasladadas a un terreno en San José Pinula, un municipio al sureste de la ciudad de Guatemala, a más de 20 kilómetros de El Cambray II.

Esta finca era propiedad de Marvin Montiel, alias El Taquero, un narcotraficante capturado en México el 15 de agosto de 2011. Y desde 2014, 13 de sus propiedades se encuentran en procesos de extinción de dominio. Una de ellas es la “Finca Santiago” de casi 76 mil metros cuadrados en San José Pinula.

El terreno fue subastado en 2014 pero nadie quiso comprarlo. Según relata el expresidente Alejandro Maldonado, su esposa Anna Fagianni de Maldonado fue quien se dedicó a buscar un terreno para la urbanización. Y luego de una conversación con la Ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, se enteró de la existencia de este terreno. Por eso el presidente convocó a la Comisión Nacional de Bienes de Extinción de Dominio el 12 de octubre para solicitar que estas tierras fueran trasladadas como una donación al Ministerio de Comunicaciones.

Además de la Finca Santiago también se pidió la donación de la Finca La Cuya, que también era propiedad del narcotraficante. En la propuesta original del proyecto se utilizaría ese terreno de una manzana para construir un centro de salud, una escuela y una iglesia, pero nunca se hizo.

El proceso de donación de los terrenos no fue rápido, el 28 de octubre, que empezó la construcción por parte del Ejército, el Ministerio de Comunicaciones seguía sin ser el propietario de esas tierras. Es decir, se estaban invirtiendo recursos públicos en un terreno que todavía estaba en un limbo legal.

La Finca Santiago tenía una casa, piscina, animales y muchos árboles. Cuando empezó la demolición y corte de cientos de árboles, el 28 de octubre, el gobierno aún no tenía los permisos y licencias ambientales que fueron entregados el 17 de noviembre.

También fue idea de la esposa del presidente que a partir del anuncio de la construcción de la urbanización se le pusiera un nombre. Ella lo bautizó como “Mi querida familia” después de acordarlo con las madres que perdieron a sus hijos en el deslave, como relata el expresidente Maldonado en una entrevista a El Intercambio en marzo de 2019.

Óscar de León vivía en el Cambray II junto a su familia: 3 hijos y su esposa. Ellos alquilaban una casa de madera y lámina por 800 quetzales al mes (100 dólares) cuando ocurrió el deslave, a eso de las 9 de la noche del 1 de octubre. Todos ellos pudieron salir. Pero lo perdieron todo.

Según el reglamento de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) del Ministerio de Comunicaciones, Óscar y su familia, no podrían ser beneficiarios de una de las casas ofrecidas por el presidente Maldonado. Ellos no eran propietarios de la tierra ni de la casa donde vivían.

El reglamento de Udevipo estipula que para poder ser beneficiarios de las viviendas que entregaría el gobierno, los vecinos debían ser propietarios y tener menos de dos salarios mínimos de ingresos mensuales, unos 4 mil 400 quetzales mensuales (550 dólares).

Pero Óscar era un líder comunitario y a solicitud de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, donde estaba ubicado El Cambray II, él se hizo cargo de organizar uno de los albergues a donde llevaron a los cientos de damnificados.

A Óscar le ofrecieron que a cambio de organizar el albergue recibiría una de las casas que construiría el gobierno. Por eso el 24 de diciembre él esperaba recibir una casa en Mi querida familia, pero eso no ocurrió.

Óscar y su familia pasaron la Nochebuena de 2015 en el albergue, junto a decenas de familias que para ese momento seguían sin tener un lugar donde vivir.

No fue hasta abril del siguiente año cuando las tierras pasaron al poder del Estado cuando se contrató a una abogada por 71 mil 500 quetzales (casi 9 mil dólares) para que hiciera las primeras 60 escrituras que le darían la propiedad del terreno y las viviendas a las víctimas de El Cambray II. Óscar no recibió papelería en ese momento.

El 24 de diciembre de 2015, Alejandro Maldonado que estaba a 20 días de dejar de ser presidente, hizo una entrega simbólica de las casas. No importó que no estuviera nada listo. Los afectados todavía no tenían una propiedad a su nombre, la urbanización aún no estaba terminada y solo había 4 casas de las 181.

Fue un espectáculo, toda la prensa invitada, el cuerpo diplomático, los donantes. No importaba que los vecinos siguieran viviendo en albergues o donde alguien les dio un espacio o pudieron pagarlo.

Ese 24 de diciembre una de las cuatro casas estaba completamente decorada. “Una casa modelo equipada por decoradoras, seguramente, linda la casita. Yo quisiera una así. Y los paisajes y los árboles”, recuerda el expresidente Maldonado. No existe ningún registro sobre cómo se pagó por los muebles y la decoración que utilizaron ese día.

En ese momento todo estaba bien con Inpro y la ejecución. Durante los últimos 21 días los empleados de la empresa habían trabajado en dobles turnos, incluyendo fines de semana para terminar las 4 casas que el presidente presentó ese 24 de diciembre.

Además, parecía que el gobierno de Alejandro Maldonado iba a cumplir con su parte del trato: pagar por la mano de obra de las 181 casas. Pero el gobierno intentó jugarle la vuelta al sistema: ya que Inpro no estaba registrado como proveedor del Estado, crearon 3 contratos, uno a nombre del representante legal de Inpro y 2 a nombre de los socios de la empresa, en los que se fraccionaron los pagos por la mano de obra de las 181 casas.

Esto les evitaba hacer un contrato con una empresa que no estaba registrada, y a los encargados de la obra se les pagaría por servicios profesionales mediante compra directa, porque todavía estaba activo el estado de calamidad. Según el representante legal de Inpro, Edgar Sagastume, esto fue planteado por las autoridades del Ministerio de Comunicaciones como la única solución para poder efectuar el pago.

Pero antes de que se acabara el mes, el 31 de diciembre de 2015, las mismas autoridades rescindieron de forma unilateral los tres contratos, porque no tenían fianzas y no existía un acuerdo ministerial que los aprobara.

Según Carlos Barillas, viceministro de vivienda nombrado en febrero de 2016 por Jimmy Morales, nunca lograron descubrir por qué se hicieron esos contratos. “A todas luces se incurría en una serie de delitos. Si yo como viceministro hubiera aprobado eso (los tres contratos) incurría en delitos desde fraccionamiento, hasta otro tipo. El estado de emergencia no permite hacer esa división. Me permite no hacer la licitación pero no un fraccionamiento”, explicó.

Aunque sin estos contratos, el ministro de comunicaciones Víctor Corado, siguió prometiendo a la empresa que encontraría una solución para pagarles. Por eso durante los siguientes días, hasta el 13 de enero, Inpro continuó trabajando en dobles turnos y fines de semana para que, un día antes de dejar la presidencia, Alejandro Maldonado pudiera hacer una nueva entrega simbólica de 12 casas.

Seguían siendo 12 casas que no podían entregarse porque el terreno aún no era del Ministerio de Comunicaciones, porque no se había hecho ningún pago a la empresa. Pero Alejandro Maldonado terminó su mandato el 14 de enero como el presidente que entregó 16 casas a los afectados de El Cambray II.

Karina Moll, la ex viceministra de vivienda, culpa a la empresa por no tener la papelería completa para que pudieran pagarles antes del 18 de diciembre, cuando acababa la ampliación del estado de calamidad pública.

Pero la versión de Carlos Barillas, el viceministro que reemplazó a Moll y de la empresa no coincide con la de Moll. El gobierno de Jimmy Morales, que tomó posesión el 14 de enero de 2016, no tenía ningún mecanismo que permitiera pagarle a la empresa.

El convenio no tenía ninguna figura contractual, es decir, Inpro y el gobierno nunca tuvieron un contrato, por lo tanto no se podía hacer ningún pago.

Pero las promesas de pago continuaron. El Ministerio de Comunicaciones creó una mesa de que incluía a la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos y a la empresa para que juntos pudieran encontrar una solución.

La empresa intentó negociar por su parte. Por eso en junio de 2016 organizaron una reunión con el presidente Jimmy Morales en la Base Naval del Pacífico, donde se encontraba por un evento, en la que el presidente les pidió continuar con la obra y que él se comprometía a utilizar el dinero que fue donado a su persona durante la campaña electoral de 2015 para los damnificados del Cambray II.

Carlos Barillas, ex viceministro de vivienda, confirma que en algún momento se puso sobre la mesa el tema del dinero donado a Jimmy Morales pero nunca fue viable utilizarlo.

Además porque ese dinero está desaparecido hasta la fecha y en ese entonces ya había sido ofrecido a la Asociación de Vecinos de El Cambray II. En un evento simbólico en las instalaciones de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula en marzo de 2016, Morales entregó un cheque gigante al presidente de la Asociación de Vecinos del Cambray II. Pero la Asociación nunca recibió el dinero, y tampoco Inpro.

Para el 9 de mayo de 2016 ya habían pasado 137 días desde la navidad en la que el presidente Maldonado ofreció que los afectados tendrían una casa. Ese día los empleados de Inpro llegaron a la urbanización y no pudieron entrar. Los militares que resguardaban el lugar no se los permitieron.

Desde ese día las obras se detuvieron por completo y las esperanzas de los afectados de recibir una casa se atrasaron 592 días más.

Inpro nunca recibió ni un quetzal correspondiente a la mano de obra de las 40 casas que logró terminar completamente en abril y las 98 casas fundidas.

El ritmo de construcción de las viviendas ya había disminuido porque el gobierno dejó de enviar agua para la construcción y combustible para las plantas de electricidad que utilizaban. El combustible fue pagado en varias compras directas de cupones canjeables del Ministerio de Defensa. Además la empresa empezaba a quedarse sin fondos para pagarle a los trabajadores.

El presidente cree que el Ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, era muy eficiente. Porque cuando él vio los planos las calles estaban numeradas “pero yo le dije quiero que le pongan nombres a las calles para que haya más fraternidad”, relató. Y a los dos días cuando el presidente fue a visitar el lugar ya había rótulos en todas las esquinas.

Fue hasta el 21 de julio de 2016, seis meses después de la toma de posesión de Jimmy Morales y del cambio de Ministro de Comunicaciones, cuando se publicó una nueva licitación pública para conseguir a una empresa que pudiera terminar la obra. A la convocatoria se presentaron dos empresas y se le entregó a Productos Especiales de Concreto, S.A..

A la empresa se le hizo un nuevo contrato por 5 millones 976 mil quetzales. Es decir 33 mil quetzales por cada casa, solo 1 mil quetzales menos que lo presupuestado por Inpro. Aunque la obra estaba 70% finalizada, según la empresa.

Según Carlos Barillas se tuvo que pagar casi el 100% de cada casa porque la auditoría que hicieron en mayo reportaba 22 problemas con la obra, por ejemplo, los techos no tenían las inclinaciones para vaciar el agua de la lluvia, o no se habían hecho los postes para instalar los contadores de la luz.

Inpro interpuso varios amparos en contra de la licitación pública, una denuncia penal en contra de UDEVIPO y 5 querellas penales en contra del exministro, Víctor Corado, el ministro del nuevo gobierno, Aldo García y el ex coordinador y coordinador del momento de UDEPIVO, pero ninguna avanzó.

Entre el 22 y el 24 de diciembre de 2017, dos años después del espectáculo del expresidente Alejandro Maldonado, las familias comenzaron a llegar a Mi Querida Familia.

Pero una semana antes, el 15 de diciembre, Jimmy Morales quiso hacer una entrega simbólica de las viviendas, la tercera desde el desastre. Tampoco importó que los afectados no pudieran mudarse porque las casas no tenían ni luz ni agua.

Óscar de León, el mecánico que vivía alquilando en El Cambray II, llegó con su familia la tarde del 24 de diciembre a una casa vacía.

Esa tarde la familia de de León no tenía electricidad porque no tenía los 100 quetzales que costaba que la conexión eléctrica. Así que Óscar quitó la batería del pickup ochentero con el que hace fletes y conecto unas bocinas para poner música durante la noche y así celebrar la Nochebuena.

Esa noche su familia y él, dos años después, pudieron comer el tamal a oscuras. El 25 de diciembre, como regalo de navidad, su vecino de enfrente le regaló los 100 quetzales que necesitaba para conectar la luz.

Pero los problemas no terminaron ahí. Las tuberías de la casa estaban totalmente tapadas y no caía agua. Para destaparlas Óscar uso su compresor de aire y luego a petición de los vecinos fue de casa en casa ayudando a otros.

Los problemas del techo, por los que se tuvo que pagar más a Productos Especiales de Concreto, S.A. tampoco estaban solucionados. Unos meses después de la llegada de los vecinos, cuando empezaron las lluvias, los techos de decenas de casas se inundaron y las paredes se convirtieron en cataratas. Óscar puso un sellador plástico en todos los bordes por donde se filtraba el agua, pero las manchas de humedad todavía están en su techo.

Óscar no ha vuelto a encontrar trabajo de mecánico, como antes de la tragedia, porque Mi Querida Familia está muy lejos de la ciudad. Sus hijas no pudieron volver a estudiar, porque no tiene cómo pagarlo y el instituto de bachillerato les queda muy lejos. Pero él muestra su casa con orgullo y cree que vive mejor que antes.

Aunque Mi querida familia es el único proyecto habitacional completamente terminado por un gobierno guatemalteco tras un desastre natural, el aprovechamiento del estado de calamidad para el proceso de reconstrucción y no únicamente para la atención de la emergencia, provocó que las más de 181 familias afectadas tuvieran que esperar por más de 2 años por una vivienda.

Aunque la Ley de Compras y Contrataciones se modificó en 2015 y se ampliaron controles y métodos de transparencia, el vacío que permitió los errores en la construcción de esta urbanización siguen existiendo.